Genocidio en el Sáhara
Quiénes son los marroquíes procesados por Ruz por genocidio en el Sáhara
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Entre los 11 enjuiciados figura un ex director general de la policía
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También, dos ex gobernadores y el representante de Marruecos en Interpol
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Especial: Voces del Sáhara
Abdelhafid Benhachem, director general de la Seguridad Nacional entre 1997 y 2003. EL MUNDO
El «pez más gordo», el general Housni Bensliman, de 79 años, comandante en jefe de la Gendarmería, se ha librado de serprocesado por «genocidio» por el juez Pablo Ruz. El magistrado instructor de la Audiencia Nacional señala que contra Bensliman, uno de los hombres fuertes del régimen, no hay «base probatoria suficiente» para que dictar auto de procesamiento aunque no descarta hacerlo «si aparecieran nuevas pruebas o testimonios».
Entre los 11 civiles, gendarmes y militares que Ruz quiere sentar en el banquillo por las exacciones en el Sáhara Occidental sí figuran algunos ex o incluso actuales altos cargos y también un difunto. El más célebre de todos es Abdelhafid Benhachem, de 78 años, que durante seis años (1997-2003) fue director general de la Seguridad Nacional, es decir de la policía.
Ese año, en 2003, dejó el cargo y la prensa marroquí dio por sentado que se jubilaba. Tenía 67 años entonces. Sorprendentemente el reyMohamed VI recuperó a este antiguo colaborador de su padre para nombrarle, en 2008, director general de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción. Su carrera acabó mal en este puesto por un asunto relacionado con España. «Ahora España también le va a estropear su jubilación», comenta un diplomático.
A principios de agosto de 2013 un comunicado del palacio real marroquí anunció su destitución fulminante, una manera solemne de amonestar a Benhachem. Le reprochaba haber transmitido al monarca «informaciones equivocadas sobre la situación penal» deDaniel Galván, un pederasta español condenado a 30 años de cárcel en Kenitra que el soberano indultó tras pasar solo año detrás de los barrotes.
En realidad, el error se cometió en palacio incluyendo a Galván en la lista de reos a los que el rey iba a conceder su gracia y no en la de presos susceptibles de ser trasladados a España para cumplir su condena en cárceles españoles, pero Benhachem se convirtió en el chivo expiatorio.
Gobernador regional de El Aaiún
El otro procesado cuya carrera funcionarial llegó más lejos es Hassan Ouchen, al que Ruz llama Uychen en su auto. Fue en los 90 el gobernador regional –Rabat distingue entre gobernadores locales y regionales a los que llaman «wali»- de El Aaiún, la capital del Sáhara. Debió de trabajar bien, a ojos del rey Hassan II, en ese puesto tan sensible. Por eso, en 1998, el monarca le nombró wali de la Gran Casablanca, la más importante región de Marruecos. Hoy en día está jubilado.
Cuando estaba destinado en El Aaiún. Ouchen soñaba en voz alta en que el Sáhara acabaría siendo como Gran Canaria, que a mediados de los 90 acogía anualmente siete millones de turistas. «Los poderes públicos» de Marruecos «quieren conseguir lo mismo aquí», declaraba en 1994 en una entrevista con el diario L’Economiste de Casablanca. «Esperan que se celebre el referéndum [en el Sáhara] para cosechar los réditos de la confianza internacional», añadía. Veintiún años después la consulta sigue sin haberse celebrado.
Otro gobernador procesado por Ruz, Said Ouassou, falleció hace ya cinco años, en julio de 2010, en Rabat. Estuvo al frente de la provincia de Smara, la más conflictiva del Sáhara, entre 1976 y 1977, y después desempeñó el mismo cargo en El Aaiún (1977-1979). Nunca ascendió a wali, es decir a gobernador regional.
Los que sí siguen en activo son dos inspectores de policía que estaban destinados hace un cuarto de siglo el Sáhara, según Ruz.Hariz el Arbi era aún hace poco el máximo jefe de la policía judicial de Dajla, la antigua Villa Cisneros de la colonización. Por su peso demográfico es la segunda ciudad en importancia del Sáhara. El otro joven inspector de los años 80, Brahim Ben Sami, es ahora el director general adjunto de la policía judicial marroquí. Como tal viaja mucho y acude, por ejemplo, en representación de Marruecos, a las más importantes reuniones de Interpol.
Viajes al extranjero
Para todos estos procesados en el auto de Ruz y las órdenes de detención que lleva aparejadas, suponen un problema. En teoría no pueden ya franquear las fronteras de Marruecos so pena que la policía les eche el guante para entregárselos a la Justicia española. Para un marroquí acomodado de cierta edad viajar al extranjero, sobre todo a Europa, supone, por ejemplo, la posibilidad de recibir tratamientos médicos que en su país no existen o son deficientes.
Ahora bien, a veces ni los Estados de la Unión Europea ejecutan las órdenes lanzadas por magistrados instructores de otros países miembros. El general Bensliman, al que Ruz renunció a procesar, si está reclamado por la Justicia francesa, desde hace casi una década, en el marco de la investigación sobre el secuestro y asesinato, en París en 1965, del opositor marroquí Mehdi Ben Barka. Bensliman estuvo en Madrid, junto con una delegación oficial marroquí, en el otoño de 2007 y nadie le detuvo. Dos años antes el Gobierno deJosé Luis Rodríguez Zapatero le condecoró en agradecimiento a su colaboración con las fuerzas de seguridad españolas.
La acusación de genocidio en el Sahara supone un bombazo en las relaciones Madrid-Rabat
La separación de poderes que hay en España no la hay en Marruecos, donde la ex colonia es su principal obsesión y donde no se acaba de entender que un juez pueda actuar contra el criterio del Ejecutivo
Que dos españoles hayan muerto esta Semana Santa en un escarpado cañón de las montañas del Atlas de Marruecos entre acusaciones de falta de socorro poco importa a Rabat en comparación con su principal obsesión: el Sahara Occidental. ¿Cómo afectará a los dos países el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que procesa a once altos cargos de Rabat por genocidio en el Sahara?
La Justicia francesa dictó a principios de 2014 pasado una orden de detención contra un responsable de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y eso acabó en un serio vacío de las relaciones bilaterales entre París y Rabat de un año.
El Gobierno de Mariano Rajoy, consciente de lo complicadas y delicadísimas que son las relaciones bilaterales con el vecino del sur, no ha entrado en el juego de las críticas mientras se repatriaban los dos cadáveres, llegados el jueves a Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se limita a hablar de «disfunciones» en las labores de rescate. El de Interior, JorgeFernández Díaz, asegura que las autoridades del país magrebí no han actuado «de mala fe».
Esas reacciones sin ánimo de entrar en el barro pudieron apreciarse también cuando el verano pasado empezaron a llegar a las costas del estrecho de Gibraltar decenas de barcas con emigrantes subsaharianosprocedentes de las costas próximas a Tánger. Quedó demostrado que las Fuerzas de Seguridad marroquíes habían abierto la mano, pero ni eso fue motivo para la crítica al «amigo» del sur.
El auto de Pablo Ruz supone tocar la fibra más sensible del reino, un verdadero mazazo a las relaciones que ambos Gobiernos pretenden desarrollar.
Pero la separación de poderes que hay en España no la hay en Marruecos, donde el Rey Mohamed VI sigue siendo el pivote del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, además de ser la primera autoridad económica y religiosa. Si en Madrid no se espera una reacción del Gobierno al auto de Pablo Ruz, en Marruecos todos miran a palacio esperando la reacción del Monarca. El juez ha dictado una orden de busca y captura internacional contra siete de esos altos cargos.
Máxima colaboración
Madrid sigue sin tener en el Sahara un asunto prioritario, pero espera de Rabat la máxima colaboración en la lucha contra el terrorismo yihadista, la emigración clandestina o el tráfico de drogas. A cambio, la prioridad de Rabat, más allá incluso de Ceuta y Melilla y aunque no sea un asunto abordado a diario con luz y taquígrafos, es que poco a poco se vaya apuntalando su deseo de adquirir soberanía legal en la ex colonia española.
Ningún país del mundo reconoce oficialmente soberanía alguna de Marruecos sobre ese territorio, pero, al mismo tiempo, ningún Gobierno democrático español, por más que cacareen la defensa de una solución al conflicto bajo los auspicios de la ONU, ha dado la espalda a Marruecos en este sentido. En todo caso, el reino alauí no se distrae lo más mínimo. Por eso entre los muros de palacio estarán leyendo con lupa, y desagrado, el auto del juez Pablo Ruz. ¿Reaccionarán de la misma manera que Madrid cuando se abrió el grifo de las pateras o ahora que han muerto dos montañeros españoles en el Atlas?
«El auto sobre el genocidio del Sáhara pone fin a 40 años de impunidad»
El coordinador de la querella sobre el genocidio sobre la población del Sáhara Occidental, Manuel Ollé, considera la decisión del juez Ruz un «éxito para los derechos humanos»
El auto de Ruz dice que «se produjo de manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio»
Los juristas temen que el Gobierno marroquí no comunique a los procesados la orden de detención ni facilite datos para su identificación
Irene Alconchel Ciria – Zaragoza
Saharauis piden en la ciudad de El Aaiún, en 2007, la libertad de los presos políticos
El oscense Manuel Ollé coordina a una decena de juristas de todo el Estado español, que desde el año 2006 están trabajando para que la Audiencia Nacional investigue delitos de tortura y genocidio en el Sáhara Occidental, que tuvieron lugar entre 1975 y 1992.
El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a once altos cargos, militares y policías marroquíes, acusados de detención ilegal, asesinato y desaparición forzada. Por primera vez un tribunal español juzga lo sucedido en la que fue la provincia española número 53, y reconoce indicios del genocidio sufrido por la población saharaui tras el abandono de la colonia española y la posterior ocupación del territorio, aún por descolonizar, por el Reino de Marruecos.
Según el auto firmado por el juez Ruz, en el Sáhara Occidental «se produjo de manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio».
Para el equipo de juristas, «el procesamiento de estas once personas es el acontecimiento más importante hasta la fecha, es un éxito para los derechos humanos, que pone fin a la impunidad que ha reinado durante los últimos 40 años, y que envía un mensaje de dignidad para las víctimas».
En septiembre de 2006 el juez Baltasar Garzón abrió una querella presentada por la Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis en la Audiencia Nacional. En octubre de 2007 llegaron las primeras declaraciones, testimonios de ciudadanos cuyos familiares habían sido asesinados o estaban desaparecidos. Según explica Ollé, «fue un gran esfuerzo por parte de las víctimas» que tuvieron que rememorar episodios de su vida muy traumáticos.
Protesta frente a la Corte de Apelación de El Aaiún en 2007
Sin embargo, tal y como desvela el auto de Ruz, que relevó a Garzón en el cargo, el hallazgo de una fosa común en 2013 con ocho cuerpos en su interior fue fundamental para la investigación. Los cadáveres fueron identificados por su ADN y entre sus prendas se encontró su antigua documentación española. Que se tratara de ciudadanos españoles y de crímenes cometidos en el que en aquel momento era suelo español ha sido uno de los motivos por los que la reforma de la Justicia Universal no ha afectado a la causa.
El gobierno marroquí y el español, obstáculos de la querella
Según explica Ollé, «la culminación del proceso será ver sentados en el banquillo a los responsables». Sin embargo, el reconocimiento es un primer paso de un largo camino no exento de obstáculos. Ruz ha solicitado a las autoridades marroquíes que aporten todos los datos de los procesados para su identificación. En opinión del abogado Luis Mangrané, miembro del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, «la principal dificultad será la falta de colaboración de las autoridades marroquíes en la práctica de las comisiones rogatorias para la notificación a los procesados de esta resolución judicial».
Critican que «es inadmisible que España haya destinado varios millones a modernizar la justicia marroquí y no se tramiten estas comisiones rogatorias». Según Mangrané, «el Gobierno español no puede esconder la cabeza ante esta resolución judicial y mantener la cooperación con Marruecos vendiendo armas a un Estado a cuyas autoridades se acusa de tales aberraciones». Además, añade, su deber es también «promover en foros internacional que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental vigile los derechos humanos en el Sáhara Occidental».
Siete de los once procesados están en búsqueda y captura internacional. Si la Administración marroquí no colabora la única opción que le queda a la justicia española es su detención cuando salgan del país, tal y como sucedió con la orden de extradición del general chileno Augusto Pinochet. El Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental afirma que España debería presionar a Marruecos, ya que «ambos estados disponen de magistrados de enlace para agilizar la cooperación judicial».
La Marcha Verde fue el preludio de una guerra que todavía recuerdan miles de saharauis que se vieron obligados a huir a campamentos de refugiados en Argelia mientras eran bombardeados con napalm o resistían con uñas y dientes en las ciudades y dunas que acababan de dejar los españoles. El exilio o la represión han sido las dos alternativas de vida que han tenido los ciudadanos saharauis que llevan años clamando por un referéndum en el que puedan decidir por su autoderterminación.
El abogado Manuel Ollé participa esta tarde en un debate en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
Comité de Amistad Chileno con el Pueblo Saharaui y otros pueblos en resistencia 
¡¡¡Libertad y autodeterminación para Marruecos!!! Que el debate del abogado Manuel Olé en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza sea un éxito para lograrlo.
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¡¡¡Libertad ya para el pueblo Saharagui!!!
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